El acceso a la vivienda se ha convertido en uno de los principales problemas sociales de la Argentina contemporánea. Con un déficit habitacional que afecta a más de 3,5 millones de hogares y un mercado inmobiliario cada vez más inaccesible, miles de familias se ven obligadas a alquilar en condiciones precarias o recurrir a soluciones informales. La combinación de inflación, salarios bajos y falta de financiamiento hipotecario agrava una crisis que lleva décadas sin resolverse.

Según datos del INDEC y del Consejo Nacional de Políticas Sociales, cerca del 25% de la población vive en viviendas deficitarias, ya sea por hacinamiento, materiales inadecuados o falta de servicios básicos. En los principales centros urbanos, el precio del metro cuadrado en dólares se mantiene estable, pero en pesos registra aumentos de más del 250% en los últimos tres años, impulsado por la devaluación y la inflación.

El mercado de alquileres, por su parte, atraviesa un momento crítico. La oferta se redujo tras la implementación de la Ley de Alquileres y los sucesivos cambios normativos, lo que generó una suba de precios y una creciente informalidad. Un informe del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (CESO) indicó que el valor promedio de un alquiler en la Ciudad de Buenos Aires aumentó un 230% interanual, muy por encima de los ingresos de los trabajadores formales.

El crédito hipotecario prácticamente desapareció. Los préstamos UVA, que durante algunos años permitieron acceder a la vivienda propia, perdieron atractivo por la indexación a la inflación y la falta de previsibilidad macroeconómica. Hoy, solo una mínima fracción de la población puede acceder a un crédito bancario tradicional, lo que deja al Estado como principal actor en el financiamiento de viviendas sociales.

En este contexto, los planes oficiales como Procrear o Casa Propia buscan dar respuesta a sectores de ingresos medios y bajos. Sin embargo, la demanda supera ampliamente la oferta: en las últimas convocatorias, se inscribieron más de 400.000 personas para apenas 10.000 viviendas disponibles. Además, las demoras en la entrega y los costos de construcción en alza limitan el impacto de estos programas.

El problema habitacional también tiene una dimensión territorial. En el conurbano bonaerense y en ciudades del norte del país, los asentamientos informales crecieron un 20% en los últimos cinco años, según la ONG Techo. La falta de acceso a servicios básicos y la precariedad constructiva agravan las condiciones de vida y amplían las brechas de desigualdad urbana.

Los especialistas coinciden en que Argentina necesita una política de vivienda sostenida, con planificación a largo plazo, incentivos al crédito y coordinación entre Nación, provincias y municipios. Sin una estrategia integral que combine desarrollo urbano, acceso al suelo y financiamiento, el sueño de la casa propia seguirá siendo un privilegio para pocos.