La Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) expresó su respaldo a la protección de los glaciares como reservas estratégicas de recursos hídricos, y sostuvo que la Ley 26.639 puede perfeccionarse para brindar mayor claridad técnica, previsibilidad jurídica y desarrollo sostenible, sin poner en riesgo el cuidado del agua.

En el documento publicado por la entidad, CAEM afirma de manera explícita que “no hay dudas y el consenso es unánime: los glaciares y el ambiente periglacial que constituyan ‘reservas estratégicas de recursos hídricos’ deben protegerse”, tal como lo establece el artículo 1° de la Ley de Glaciares. La Cámara remarca además su “total acuerdo y compromiso con el objetivo de proteger los glaciares y el ambiente periglacial como reservas estratégicas de recursos hídricos”.

A partir de ese punto de consenso, CAEM señala que la ley necesita precisiones, ya que “no todos los glaciares y ambiente periglacial constituyen ‘reservas estratégicas de recursos hídricos’”. Por ese motivo, plantea que “la determinación de los glaciares y ambiente periglacial que cumplen dicho recaudo debe realizarse, de acuerdo con la opinión de expertos, caso por caso y en base a estudios específicos que lo sustenten”.

Otro aspecto central del planteo es el rol de las provincias. En ese sentido, la Cámara subraya que “debe definirse el rol de las provincias, que según lo establece nuestra Constitución Nacional son las titulares de los recursos naturales existentes en sus territorios, en la determinación y delimitación de los glaciares y ambiente periglacial que resultan objeto de protección”. Para CAEM, esta definición es clave para lograr una aplicación más clara y coordinada de la ley.

Según la entidad, “una efectiva redacción, que elimine la incertidumbre existente, permitirá que actividades productivas y de desarrollo de infraestructura puedan realizarse en un marco de total respeto por el cuidado ambiental en general y del recurso hídrico en particular”. En esa línea, destaca que una normativa más clara posibilitaría “que miles de argentinos accedan a trabajar en actividades nobles e imprescindibles para la vida moderna, mejorando la calidad de vida de sus familias y contribuyendo al tan necesario desarrollo económico del país”.

Finalmente, CAEM remarca que este debate debe abordarse desde una mirada federal y de consenso, y recuerda que la problemática debe resolverse “por el diálogo federal antes que por la intervención de los jueces”. En ese sentido, sostiene que “las aclaraciones que exige la Ley de Glaciares requieren el diálogo y la actuación conjunta y coordinada de las autoridades nacionales y provinciales”, siempre bajo el principio de que “la citada protección no resulta incompatible con el desarrollo sostenible”.