La derogación de la normativa habilita nuevos ajustes atados a la inflación y a lo pactado entre las partes.

La eliminación de la Ley de Alquileres modificó las reglas del mercado inmobiliario y tendrá impacto directo en los inquilinos a partir de febrero, cuando comiencen a aplicarse nuevos aumentos en los contratos vigentes.

Con el regreso a la libre negociación, los ajustes dependerán del índice acordado entre propietario e inquilino, siendo la inflación uno de los principales parámetros para definir el nuevo valor mensual.

En este escenario, quienes tengan contratos con actualizaciones trimestrales o cuatrimestrales deberán afrontar subas que reflejan el aumento de precios acumulado en los últimos meses.