La eliminación de compromisos de inversión en educación abrió un frente de conflicto político.

Un artículo del proyecto de Presupuesto que reduce o elimina garantías de financiamiento educativo se convirtió en uno de los principales puntos de fricción legislativa.

Sectores del Congreso consideran que la medida debilita políticas estructurales y condiciona el desarrollo educativo a futuro.

El Gobierno evalúa alternativas para destrabar el debate y evitar que este conflicto retrase la sanción de la ley.