Juristas analizan si la restricción de redes sociales hasta los 16 años entra en conflicto con los derechos de participación y acceso a la información.

La propuesta legislativa en España ha abierto un debate jurídico sobre el equilibrio entre la protección del menor y su derecho al acceso a la información y la participación digital. Algunos expertos en derecho constitucional cuestionan si una prohibición total hasta los 16 años podría ser considerada desproporcionada.

Por otro lado, la jurisprudencia mayoritaria apoya que el Estado tiene la obligación de proteger a los menores frente a riesgos comprobados para su integridad psíquica. La clave de la ley residirá en cómo se defina legalmente el «acceso» y qué tipo de plataformas quedarán bajo esta restricción (mensajería, foros, redes de video, etc.).

La normativa deberá estar muy bien fundamentada para superar posibles recursos ante los tribunales. El enfoque del Gobierno se basa en que el consentimiento digital no es suficiente para autorizar el tratamiento de datos de menores en entornos que pueden resultar perjudiciales para su desarrollo.