Un nuevo fallo de la Cámara Contencioso Administrativo Federal reafirmó la obligación del Gobierno de aplicar la Ley de Financiamiento Universitario, fortaleciendo el marco legal del sistema educativo público.
La resolución responde a una presentación realizada por el Consejo Interuniversitario Nacional y distintas universidades, que reclamaron el cumplimiento efectivo de la norma sancionada en 2024.
Según el tribunal, la falta de implementación de la ley compromete derechos fundamentales vinculados a la educación, al afectar salarios docentes, becas estudiantiles y programas de investigación.
El fallo reabre el debate sobre el financiamiento del sistema universitario y marca un precedente relevante en la relación entre el Estado y las instituciones educativas.
