La posible privatización de AySA despertó el interés de múltiples actores del sector empresarial. Empresas nacionales y extranjeras evalúan participar en la adquisición o gestión del servicio. El proceso se enmarca en una política de reconfiguración del Estado.

Los interesados consideran tanto el tamaño del mercado como las condiciones regulatorias vigentes. La infraestructura existente y las necesidades de inversión son factores determinantes en la decisión. Este escenario genera una fuerte competencia entre los potenciales oferentes.

El debate público se centra en las consecuencias de la privatización en un servicio esencial. Hay preocupación por el impacto en tarifas y acceso para los usuarios. La resolución del proceso marcará un cambio significativo en el sector.