La decisión de Salta de cobrar la atención sanitaria a extranjeros no residentes modificó de manera significativa el funcionamiento de sus hospitales públicos. Antes de la implementación del sistema, en 2023 fueron atendidos más de 31.000 pacientes extranjeros. Dos años después, la cantidad cayó hasta registrar solamente 10 atenciones durante los primeros siete meses de 2026.

El Gobierno provincial sostiene que la medida permitió disponer de más camas y reducir la presión sobre el sistema sanitario. También aseguró que los recursos que dejaron de destinarse a pacientes no residentes pudieron utilizarse para otras necesidades. Entre las inversiones realizadas se mencionan nuevas ambulancias e insumos para los hospitales.

El modelo salteño ahora tiene un correlato a nivel nacional con una nueva regulación para extranjeros sin residencia. La normativa establece que deberán afrontar el costo de las prestaciones no urgentes recibidas en hospitales nacionales. Las emergencias continúan siendo gratuitas y deben ser atendidas cuando exista riesgo grave e inminente para la vida o las funciones vitales.