La Justicia jujeña inició el debate por una causa que investiga una presunta maniobra de fraude en el Juzgado Contravencional N.º 1, donde el dinero que los ciudadanos pagaban para regularizar multas habría terminado en cuentas particulares o se habría cobrado en efectivo sin registración oficial.
La hipótesis fiscal sostiene que los involucrados utilizaban actas y registros adulterados para simular los pagos y ocultar el destino de los fondos, en operaciones que se habrían desarrollado durante ocho meses de 2024.
Ocho personas llegaron a esta instancia judicial, seis de ellas acusadas de asociación ilícita, fraude a la administración pública y lavado de activos agravado por su condición de funcionarios, mientras que tres imputados ya reconocieron su participación y acordaron juicios abreviados.





