La Justicia avanza en una investigación sobre una presunta maniobra de clientelismo vinculada a pensiones por invalidez en Córdoba. La causa involucra a médicos y punteros políticos que habrían intervenido en el otorgamiento de estos beneficios. El eje está puesto en un posible intercambio por apoyo electoral.
De acuerdo a la investigación, los certificados médicos serían una pieza central del esquema. A través de ellos se habría facilitado el acceso a pensiones en condiciones irregulares. Esto permitiría consolidar vínculos políticos con beneficiarios en distintos puntos del territorio provincial.
El expediente busca determinar la magnitud de la operatoria y las responsabilidades individuales. También se analiza el impacto de estas prácticas en el sistema de asistencia social. El caso refuerza el debate sobre controles y transparencia en políticas públicas.





